Señor Presidente del Consejo de Gobernadores

Tengo el honor de hablar en mi calidad de Presidente del GRULAC.

En el preámbulo del Convenio Constitutivo de esta institución aprobado por Naciones Unidas en 1976 se reconocía ya en ese entonces que "el persistente problema alimentario del mundo aflige a un vasto sector de la población de los países en desarrollo y pone en peligro los principios y valores más fundamentales ligados al derecho a la vida y a la dignidad humana".

En los comienzos del siglo XXI la pobreza y el hambre siguen constituyéndose en uno de los problemas de mayor magnitud que enfrenta el mundo. En los últimos treinta años, se han analizado sus causas, se han elaborado estrategias para reducirla y erradicarla, se han asumido solemnes compromisos internacionales, nacionales y regionales. No obstante ello, si bien se han producido algunos resultados positivos, objetivamente no podemos afirmar que el balance global sea mínimamente satisfactorio.

La pobreza se redujo con una lentitud inquietante durante los últimos diez años. El número de personas que en todo el mundo viven con un dólar o menos por día disminuyó ligeramente, de unos 1.300 millones en 1990 a 1.200 millones en 1999. La tendencia respecto de las personas que viven con dos dólares o menos por día fue similar: las cifras absolutas aumentaron de 2.700 millones en 1990, a 2.800 millones en 1998. En síntesis, el conjunto de seres humanos que habitan nuestra casa común que para las estadísticas "viven" con dos dólares o menos alcanza a la aterradora cifra de 4.000 millones de personas, lo cual configura ya una injusticia estructural lacerante.

El apoyo internacional a la agricultura ha disminuido en forma considerable en el pasado decenio.

El valor real de la ayuda neta desembolsada a la agricultura a finales de los años noventa representó tan sólo el 35% del nivel erogado a finales de los años ochenta. En tanto, la proporción de la ayuda de distribución sectorial que se asignó a la agricultura, la silvicultura y la pesca, que descendió acusadamente desde mediados del decenio de 1970 a solamente el 20,2% en 1978-89, se redujo aún más posteriormente hasta situarse en el 12,5% en 1996-98.

Por su parte, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a países en desarrollo en conjunto también se ha reducido enormemente, disminuyendo en cifras reales un 22% aproximadamente entre 1991 y 2000.

Esta simple evidencia empírica nos demuestra que existen raíces sistémicas y estructurales que están funcionando de manera inadecuada para que el derecho al desarrollo sea una realidad tangible para los más de 4.000 millones de personas que

viven en la pobreza y en la extrema pobreza. En tal sentido, si bien es correcto concentrar nuestras acciones en reducir sensiblemente la extrema pobreza para el año 2015, deberíamos acometer esfuerzos simultáneos en pos de objetivos que incluyan al vasto número de personas inmersas en la pobreza en general.

Es imperativo invertir la tendencia a la baja de las inversiones en ayuda al desarrollo en general y a la agricultura en particular, en virtud de la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de crecimiento de nuestras economías y los ritmos de reducción de la pobreza.

Es por ello, que nuestra Región participará activamente en la iniciativa del Presidente del FIDA de establecer un diálogo interactivo respecto del tema general de este Consejo: "La financiación del desarrollo: la dimensión rural" y en las Mesas Redondas Regionales que tendrán lugar en el segundo día de reuniones.

En tal sentido, esta iniciativa será de decisiva importancia en el marco temporal del corriente año para vislumbrar si el amplio consenso alcanzado durante la Cumbre del Milenio en torno a valores, principios y objetivos, comienza a adquirir cohesión y efectividad para combatir la pobreza y hacer realidad el derecho al desarrollo. La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después, deberían constituirse en un punto de inflexión en la tendencia regresiva de escasez de recursos para financiar el desarrollo. Sus resultados debieran ser mutuamente convergentes y aplicados en forma sustantiva y asociada por las tres Agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, en el marco de sus respectivos mandatos, incluyendo la imperiosa necesidad de profundizar sus asociaciones.

La pobreza en nuestra región es a menudo percibida como un fenómeno de características básicamente urbanas. De acuerdo con la metodología empleada por el Banco Mundial para medir la pobreza, en América Latina y el Caribe habría 78,2 millones de pobres. Sin embargo, según la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPLA) , dicha cifra asciende a 211,4 millones de pobres de los cuales 77 millones viven en zonas rurales y el 64% de ellos viven por debajo del umbral de la pobreza.

Las estadísticas, empero, no son suficientes al corroborarlas con las realidades diarias Es por ello que formulamos una amplia invitación a las delegaciones presentes a fin de que asistan a la Mesa Redonda sobre América Latina y el Caribe.

Señor Presidente,

Este Consejo de Gobernadores nos permitirá profundizar en ello, de tal suerte que en el resumen de las cuestiones propuestas para examen en el documento GC 25/L.11 quede reflejado que la región también está inmersa en la problemática de la pobreza y la pobreza extrema. Que presenta, asimismo, severas dificultades para acceder a la financiación para su desarrollo y a los mercados de exportación debido a los persistentes obstáculos a su comercio, situación por otra parte agravada por el acusado descenso en los precios de sus productos básicos que deberían servir como fuente de generación de ahorros y futuras inversiones en sus economías y su sector rural. Ello, sumado a la recesión por primera vez global en muchos lustros, al sostenido descenso de la Ayuda Oficial al Desarrollo y a los crecientes problemas relacionados con la profundización de la brecha tecnológica y con la carga de la deuda. En cuanto a esto último, resulta alentador el enfoque de la Cumbre del Milenio de abordar de manera efectiva los problemas de la deuda, tanto de los países de bajos ingresos como de aquellos de ingresos medios, a fin de su sustentabilidad en el largo plazo.

En consecuencia, si bien puede y debería coincidirse con la idea propuesta en el documento de que el desarrollo tiene que proceder de los propios países y basarse fundamentalmente en las condiciones locales y los recursos movilizados mediante un proceso autónomo de producción, ahorro e inversión, a través de la generación de ambientes propicios para dicha inversión, sería impensable que ello tuviera éxito si simultáneamente no asistimos a modificaciones de fondo y duraderas del contexto externo. Baste recordar, a modo de ejemplo sustantivo, que de acuerdo con estudios del Banco Mundial un rápido progreso en la apertura comercial, incrementaría significativamente el PBI de los países pobres para el año 2015, con lo cual contribuiría a la reducción de la pobreza de unos 320 millones de personas.

Permítame ahora, Señor Presidente realizar algunas consideraciones en nombre de mi Grupo Regional en relación a los restantes temas de nuestra Agenda de trabajo.

En lo atinente a la Quinta Reposición de Recursos del FIDA es altamente valorable el nivel alcanzado, lo cual no debe, sin embargo, dejarnos satisfechos si pensamos en su vital importancia para la sostenibilidad financiera de la institución. Las reposiciones son una excelente muestra de diálogo y de compromiso entre todas las Listas y ratifican los principios de equidad, solidaridad, responsabilidad compartida y el efectivo ejercicio de un multilateralismo que debe ser preservado para la prosperidad global.

En cuanto a los Estados financieros comprobados al 31 de diciembre de 2000 no tenemos observaciones en general que realizar, más allá de la verificación de las ingentes pérdidas en el sector de inversiones que afectaron sensiblemente la programación de los préstamos del siguiente año. En este sentido, cabe resaltar la predisposición favorable del Presidente del Fondo por debatir la política de inversiones de la institución y el consenso amplio alcanzado durante la última Junta Ejecutiva de reducir la inversión en acciones al 10% del total de la cartera.

No obstante, entendemos que la política de inversiones no se reduce solamente a una modificación de los componentes porcentuales de la cartera sino que las condiciones y parámetros para fijar dichas inversiones deben surgir de un amplio consenso que incluya, entre otros, la continuidad, en base a criterios de seguridad y resultados comprobados, de las inversiones del Fondo en países en desarrollo que, no es ocioso recordarlo, también son contribuyentes de la institución.

En cuanto al período de transición fijado hasta 2004, sus elementos operativos deberían ser objeto de constante atención por parte de los órganos ejecutivos en un marco de aumento de la transparencia en el breve plazo, información contínua y debate respecto de sus aspectos sustantivos. El mejoramiento de las estructuras internas y de sus capacidades operacionales para la administración de dicha política, debieran tenerse en cuenta en el Programa de Cambio Estratégico. Ello propendería al incremento sostenido de los niveles de buen gobierno de la institución y de la reducción de los márgenes de riesgo implícitos en toda política. Asimismo, vemos con satisfacción los progresos iniciales en el ámbito del Comité de Comprobación de Cuentas con miras a una eventual ampliación de su mandato.

En relación al Programa de Labores y Presupuesto administrativo del FIDA para el año 2002, observamos con satisfacción que presenta un significativo aumento tanto en el número de préstamos como en volúmen con respecto a 2001. El nivel previsto a fines de planificación de u$s 440 millones significa una importante inversión de tendencia en relación al propuesto en el año 2000, para lo cual ha coadyuvado la utilización de la Facultad Anticipada para Compromisos (FCA) del Presidente.
Si bien este instrumento ha sido clave, habría que reducir significativamente el nivel de incertidumbre asociado a la evolución de las inversiones y otros factores financieros, de modo tal que en el período 2002-2004 se reconstituya un piso mínimamente aceptable para que el Fondo pueda cumplir con eficiencia creciente el mandato fijado en el artículo 2 de su Convenio Constitutivo y con ello contribuir plenamente a la reducción de la pobreza y al incremento de su asistencia a los países en desarrollo.

En relación al Programa de Cambio Estratégico, estamos de acuerdo en que su revisión sea armonizada con el Marco Estratégico que se fije para el período que finaliza en 2005, con la aprobación del Informe de avance por la Junta Ejecutiva en cuanto a su plan de trabajo y el presupuesto correspondiente.

La Región de América Latina y el Caribe respalda decididamente las labores del FIDA como integrante de la Coalición Popular para Erradicar la Pobreza y el Hambre. En este sentido, destacamos la importancia que el acceso a la tierra y a los recursos productivos relacionados con ella tiene en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza. Alentamos al FIDA a continuar con este esfuerzo que engloba a diversos actores tanto gubernamentales como de la sociedad civil.

En cuanto al tema 14 de la Agenda, la Región desearía que se incrementase la interrelación entre el Fondo y el Mecanismo Mundial de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Somos conscientes de la importancia creciente que va adquiriendo en el diseño de proyectos la cuestión medioambiental en general y la temática de la desertificación en particular y por lo tanto impulsamos el aprovechamiento integral que ofrece el Mecanismo como catalizador de fondos que puedan incorporarse en el programa de préstamos a los países miembros.

En relación a la Organización de la Consulta sobre la Sexta Reposición de los recursos del FIDA, apoyamos su convocatoria. Si bien los países de la Región se encuentran con severas restricciones presupuestarias, participaremos en forma constructiva y a través de un diálogo permanente, sin sorpresas, en la determinación de necesidades de recursos apropiados para que el FIDA pueda cumplir su mandato en forma cabal y en consonancia con los objetivos de desarrollo de la Cumbre del Milenio. Dicho diálogo entre las tres Listas que constituyen el Fondo no solo debería tener lugar en ocasión de las sucesivas reuniones, sino en los períodos intersesionales, a fin de hacer efectivo el principio de responsabilidad compartida. En tal sentido, resultan alentadoras las expresiones de algunos países desarrollados de incrementar significativamente la Asistencia Oficial al Desarrollo con objetivos numéricos precisos, en base a los cálculos del Comitè para el Desarrollo del FMI y el Banco Mundial.
Por ùltimo Señor Presidente, mi Región desea felicitar a los funcionarios recientemente designados para la Vicepresidencia y el Departamento de Política Económica y Estrategia de Utilización de Recursos, nacionales de dos relevantes países del mundo en desarrollo. Estas designaciones están en línea con los compromisos asumidos durante la elección del actual Presidente en el sentido de mejorar el balance de representatividad de las Listas en los altos niveles de conducción de la institución. No podría ser de otra manera, por cuanto se condice con los criterios normados por la Sección 8, párrafo e) del Convenio Constitutivo que establece que al contratar al personal «se tendrá en cuenta la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, así como la importancia de respetar el criterio de la distribución geográfica equitativa.

Al respecto, la Región de América Latina y el Caribe continúa aspirando a que se tenga en cuenta el nombramiento de uno de sus nacionales para un puesto de alta responsabilidad, hecho que no ha tenido lugar en muchos anos.

Esta situación puede significar un relegamiento de la Región, que se caracteriza, por otra parte, por honrar sus compromisos financieros y que, además, cuenta con profesionales altamente calificados para asumir responsabilidades dentro del Organismo. Esperamos, pues, que a la brevedad posible se dé cabal cumplimiento al Convenio Constitutivo en esta materia, dando justa satisfacción a las aspiraciones de la Región.
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Tomamos en cuenta, en este sentido, la declaración del Senor Presidente del FIDA de su intención de designar a una mujer para el cargo vacante de Presidente Adjunto.

El GRULAC compromete su amplio apoyo a las nuevas autoridades del FIDA en el cumplimiento de sus esfuerzos por alcanzar los altos fines de la Organización.

Muchas gracias