Declaración de la Delegación española
En el 28º Consejo de Gobernadores del FIDA

Sr. Presidente del Consejo de Gobernadores, Sr. Presidente del Fondo, Srs. Gobernadores, Señoras y Señores:

En primer lugar, permítame que extienda una felicitación al Presidente del Consejo, por su nombramiento para dirigir los trabajos de este período de sesiones, así como al Sr. Lennart Båge por su reelección como Presidente del FIDA para el período 2005-2009 en este 28º Consejo de Gobernadores. Quiero confirmarle que desde el principio cuenta con el apoyo de España y de esta Delegación para llevar a buen puerto sus iniciativas tendentes a erradicar la pobreza rural y promover el desarrollo agrícola.

El período que ahora se abre y que coincide con la inauguración de un nuevo mandato presidencial en el FIDA, viene jalonado por una serie de retos de la máxima importancia: la Asamblea General de la ONU examinará el próximo mes de septiembre el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio; tras este Consejo de Gobernadores darán inicio las negociaciones de la consulta para la VII Reposición de capital del Fondo, que habrá de decidir con cuántos recursos podrá contar el FIDA para cumplir su cometido en el trienio 2006-2009; la próxima Junta Ejecutiva considerará los resultados del Informe de la evaluación externa independiente del FIDA realizada durante el último año a sugerencia de la consulta para la VI Reposición y cuyas conclusiones deberían servir de base, no sólo para las negociaciones de la próxima Reposición, sino sobre todo, para orientar y alentar el proceso de reformas, hacer más eficaz al FIDA en su tarea de luchar contra la pobreza rural y convertirlo en un socio con capacidad de influir en las políticas de cooperación al desarrollo a nivel mundial; finalmente, desde una perspectiva más amplia, la próxima Asamblea General de Naciones Unidas estudiará las reformas que conviene introducir en el funcionamiento de la ONU, para lograr un multilateralismo más efectivo.

España tiene intención de hacer frente a todos estos retos, acometiendo un cambio importante y profundo en sus propias políticas de cooperación al desarrollo, tanto en calidad como en cantidad, para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos ante las Naciones Unidas en la Conferencia de Monterrey y en el seno de la Unión Europea en la cumbre de Barcelona. Como saben, dicho empeño consiste en alcanzar el 0,33% del producto interior bruto en ayuda oficial al desarrollo en el 2006.

Siguiendo la estructura adoptada en el 25º Consejo de Gobernadores hace tres años, el FIDA ha propuesto, acertadamente a nuestro juicio, que el debate este año gire en torno al tema de “las inversiones y las políticas necesarias para luchar contra la pobreza rural”. Se trata de una cuestión crucial que sitúa el dedo en la llaga de las acciones necesarias para lograr reducir a la mitad, en el 2015, el número de pobres del mundo y que pone de manifiesto la necesidad de una reforma en profundidad de nuestras políticas de cooperación, para mejorar la calidad y la cuantía de los fondos que destinamos a ayuda al desarrollo. Aunque estoy seguro de que conocen de sobra la realidad de esa parte de la población mundial que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, permítanme que les refresque algunas cifras que dan idea de la magnitud del problema que afrontamos: 1 200 millones de personas viven hoy con menos de 1 dólar al día; cerca de mil millones no tienen acceso al agua potable; 113 millones de niños no reciben ningún tipo de educación; 900 millones de adultos no tienen posibilidad de salir del analfabetismo; más de 500 000 mujeres mueren cada año en el parto por no recibir ningún tipo de atención médica y más de 5 millones de personas se convierten cada año en nuevas portadoras del virus del SIDA, el 60% en África.

El Gobierno español ha hecho de la cooperación al desarrollo y de la lucha contra la pobreza una prioridad, primero porque se trata de una exigencia ética de solidaridad, pero además porque está convencido de que un mundo más justo y más solidario, superará con más facilidad los grandes desafíos a la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales que tiene planteados la humanidad. Como saben, España se encuentra firmemente comprometida en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y reducir a la mitad el número de personas afectadas por el hambre en el mundo, de aquí al año 2015. Por ello, en un contexto económico internacional marcado por la incertidumbre, la reducción del crecimiento y los recortes presupuestarios, la AOD española no ha dejado de aumentar sistemáticamente. Durante los últimos años:

Desde el punto de vista de las cifras, el objetivo que el gobierno de España se ha marcado es lograr una AOD del 0,5% del PIB en el 2008, al final de la presente legislatura, para alcanzar el 0,7% al final de la siguiente legislatura. Desde una óptica cualitativa, los actuales responsables de la cooperación española persiguen mejorar notablemente la planificación, intensificar la coordinación entre los distintos agentes de la cooperación, impulsar una reforma profunda que simplifique y haga más eficaces los procedimientos administrativos y reforzar la evaluación para hacer tesoro de las lecciones aprendidas. Desde una perspectiva sectorial, España va a poner especial énfasis en mejorar la eficacia de la prestación de servicios públicos, en particular aquéllos que más afectan a los pobres: educación, salud, agua y saneamiento. También se potenciarán los programas encaminados a mejorar la calidad de la gestión del gobierno y a fortalecer la capacidad del sector público de dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. Como orientación general, alrededor de un 20% de la AOD española se destinará a sectores sociales básicos. Geográficamente, también un 20% de la AOD tendrá como destinatarios a los países menos desarrollados, sin olvidar por ello a aquellas áreas geográficas que son prioridad de la cooperación española y que no están avanzando suficiente hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio de erradicar la pobreza y el hambre extrema.

Precisamente la lucha contra la pobreza y el hambre ocupará un lugar destacado en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Salamanca (España) los 14 y 15 de octubre de 2005, en la cual los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos debatirán las estrategias que formen parte de una agenda iberoamericana de lucha contra el hambre y la pobreza.

España, junto con Brasil, Chile, Francia y el Secretario General de Naciones Unidas, impulsa la iniciativa contra el hambre y la pobreza, que, el 20 de septiembre de 2004, reunió en Nueva York a representantes de más de un centenar de países, entre ellos, a más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno, con el propósito de dar el impulso económico necesario para la puesta en práctica de nuevos mecanismos innovadores de financiación que permitan complementar el nivel actual de ayuda al desarrollo y poder así alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.

Dentro de esta estrategia de lucha contra la pobreza y el hambre extrema en el mundo y de lograr un multilateralismo más efectivo, capaz de asegurar la paz y la estabilidad mundiales mediante la reducción de las desigualdades, España concede una gran importancia a la labor desempeñada por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y a las potencialidades de la misma. Por ello abordará las negociaciones en el seno de la consulta para la VII Reposición de recursos del Fondo con un espíritu abierto y constructivo, que permita alcanzar un consenso lo más amplio posible en torno a una Reposición robusta. Sin embargo, para que España pueda apoyar una reconstitución sustancial de los recursos del FIDA, la acción del Fondo debe reunir una serie de ingredientes fundamentales para mi país:

• En primer término, las acciones de lucha contra el hambre deben tener en cuenta el marco más amplio en el que intervienen y tender a la prevención y resolución de conflictos. La democracia, el buen gobierno y el respeto de los derechos humanos son requisitos para que cualquier dosis de ayuda pueda ser eficaz a medio plazo.

• En segundo lugar, resulta necesario luchar contra la pobreza allí donde ésta se encuentre. Frente a la tendencia que pretende identificar la pobreza con determinadas áreas geográficas del planeta, España cree que es preciso erradicar las bolsas de pobreza allí donde existen, incluyendo a las masas de población que viven en la pobreza y extrema pobreza, y que resultan más difíciles de detectar en países de renta baja o incluso media, en zonas como Iberoamérica o los países árabes del Norte de África. Baste recordar que, por ejemplo en América Latina, casi un tercio de la población (180 millones de personas) son pobres y que 60 millones de ellos viven en extrema pobreza y que la pobreza, lejos de reducirse, no ha cejado de aumentar en los años noventa. Este objetivo, que para España es un mandato legal, pues así lo establece nuestra ley de cooperación, no supone negar, ni mucho menos, que se destine ayuda a los países menos avanzados, sino rechazar que ello se realice de forma exclusiva, olvidando que la pobreza hay que combatirla dondequiera que se subsista.

• En tercer lugar, España desea que el FIDA mejore sus mecanismos de planificación, gestión y evaluación de sus propias acciones, para poder ocupar con eficacia el nicho que le corresponde en el ámbito de la lucha contra la pobreza y convertirse en un socio estratégico con capacidad de influir en las políticas de cooperación al desarrollo a nivel mundial. En cuanto a la planificación, es preciso que el FIDA adopte políticas modernas de gestión de recursos humanos, disminuyendo, por ejemplo, la proporción de contratados temporales respecto a los funcionarios de plantilla; el FIDA debe mejorar sus sistemas de administración del conocimiento y de almacenamiento de las lecciones aprendidas para convertirse en un agente innovador en la cooperación al desarrollo, capaz de asumir riesgos y de adoptar enfoques creativos. Respecto a la gestión, el FIDA debe mantener unos estados financieros saneados y una política de inversiones prudente que le aleje de la especulación con el dinero de los pobres. Al mismo tiempo, debe hallar un mecanismo que le permita una presencia satisfactoria sobre el terreno para convertirse en un agente de desarrollo con capacidad de influir en las estrategias de desarrollo nacionales. Esa mejora de la gestión, señoras y señores, ha de ir acompañada del respaldo económico de los estados miembros, que deben estar a la altura de los compromisos asumidos. Resulta imprescindible que los Estados Miembros que aún no lo han hecho, oficialicen las promesas anunciadas y hagan efectivas sus contribuciones a la Sexta Reposición de recursos del Fondo, a fin de que pueda alcanzarse el objetivo de promesas que nos fijamos en la sexta contribución. Finalmente, en cuanto a la evaluación, el FIDA debe profundizar en el reforzamiento e independencia de su oficina de evaluación, dotándola de los medios materiales y humanos necesarios para desempeñar su tarea e introducir indicadores de impacto en todos sus proyectos, para poder medir los resultados alcanzados y extraer lecciones.

Los retos que tenemos ante nosotros son grandes pero entusiasmantes. España encara este nuevo período con un espíritu abierto y constructivo, consciente de las dificultades pero también de las potencialidades que el FIDA ofrece. Conocemos la “hoja de ruta” y esperamos que entre todos podamos hallar la fuerza motriz que nos permita recorrerla.

Muchas gracias.