En el mundo hay mil millones de personas extremadamente pobres, y de ellas, tres cuartas partes viven en zonas rurales y dependen de la agricultura y las actividades conexas para obtener sus medios de vida. Ésas son precisamente las personas que más acusan el cambio climático.
Los efectos del cambio climático ya son tangibles y, aunque se adopten medidas de inmediato, su ritmo se irá acelerando, lo que pondrá en peligro a millones de habitantes pobres de las zonas rurales. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en los próximos años probablemente la producción agrícola se verá gravemente comprometida en muchos países debido a la variabilidad y los cambios del clima.
Si bien la adaptación es parte de la estrategia de supervivencia de la población rural pobre, no siempre se dispone de las medidas correspondientes, las cuales deben variar en función de cada contexto y adaptarse a un nuevo orden de imprevisibilidad de los cambios climáticos. Habrá que determinar medidas adecuadas según el tipo de riesgos planteados por esos cambios, la ubicación geográfica y los medios de vida, y para ello hará falta un ingente apoyo técnico y financiero. En ocasión de la última conferencia entre las partes celebrada en Bali, la comunidad internacional se comprometió a incrementar el volumen del Fondo de adaptación, establecido para ayudar a los países en desarrollo a sufragar los costos de la adaptación. Ahora se trata de concebir y emprender un proceso eficaz que dé a la población rural pobre la posibilidad de beneficiarse efectivamente de dicho fondo.
La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero es otro pilar fundamental de las medidas que deben adoptarse para afrontar el cambio climático. La población rural pobre, que es custodio de grandes extensiones de tierras, bosques y otros recursos naturales, puede desempeñar una función muy importante para atenuar los efectos del cambio climático a través del uso de prácticas de manejo sustentable. Por ejemplo, puede rehabilitar las tierras de cultivo y pasto degradadas, reducir al mínimo la labranza y mejorar las prácticas de manejo forestal y ganadero.
El mercado mundial de carbono está registrando una fuerte expansión; actualmente, miles de millones de dólares afluyen a los sistemas de comercio de derechos de emisión de carbono. Sin embargo, los mecanismos desarrollados hasta la fecha rara vez tienen en cuenta los intereses de la población rural pobre. Es más, en algunas circunstancias esa misma población pobre es víctima de los programas que se llevan a cabo. Pocas veces se escuchan las voces de los más afectados —es decir, la población rural pobre—.
Un método para promover la participación efectiva de los pequeños agricultores en el proceso de mitigación consiste en ampliar el concepto de comercio de las emisiones de carbono e incluir una compensación para las comunidades rurales por la conservación del suelo y la repoblación forestal. Otra opción es el sistema de pago por servicios ambientales, a través del cual se retribuye a las poblaciones rurales pobres por sus servicios de protección de la biodiversidad y el medio ambiente.