Replanteamiento del apoyo gubernamental a los productores

Cada vez es más evidente que tenemos que conciliar las formas en que producimos, comercializamos y consumimos los alimentos con la sostenibilidad medioambiental, económica y social. El sistema alimentario mundial es uno de los principales factores determinantes del cambio climático, ya que es responsable del 37 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y Sin embargo, a pesar de la considerable presión que ejerce el sistema alimentario en el medio ambiente, la inseguridad alimentaria crónica sigue agravándose, afectando a más de 820 millones de personas. Además, los datos indican que el 80 % de las personas extremadamente pobres (aquellas que viven con menos de USD 1,90 por día) vive en zonas rurales, lo que sugiere que la agricultura no está ofreciendo medios de vida decentes a una multitud de habitantes del medio rural.

Uno de los grandes desafíos que plantea lograr la transformación necesaria radica en explorar la gama de distintos agentes que conforman el sistema alimentario y las diversas interacciones entre ellos. Estas relaciones se tejen en una serie de subsistemas complejos y entrelazados, como los sistemas energéticos, de gestión de residuos, suministro de insumos, gobernanza y comercio.

Los Gobiernos y los encargados de formular políticas tienen enorme poder para poner en marcha el cambio en esta compleja red de sistemas y agentes. Mediante una política eficaz y armonizada se pueden introducir cambios duraderos en todos los recovecos de estos sistemas. Esto es especialmente cierto en el caso de los productores. Además de conformar el sistema de mercado en que se venden los productos básicos, los Gobiernos tienen la capacidad de influir directamente en las actividades de los productores mediante los tipos de apoyo que prestan.

El volumen de dicho apoyo es considerable. Por ejemplo, de 2016 a 2018, se otorgaron en promedio USD 623 millones al año a los 53 países que cuentan con el 61 % del total de tierras agrícolas del mundo. De ese total, aproximadamente el 70 %, o USD 445 millones, se otorgó directamente a los productores en forma de subvenciones dirigidas a reducir el costo de los insumos, pagos en función de la superficie de cultivo o las cabezas de ganado o como complemento a los ingresos. En promedio, ese apoyo representó más del 12 % de los ingresos brutos de las explotaciones agrícolas.

Dicho esto, estos datos enmascaran las marcadas diferencias que existen entre países respecto de los niveles de apoyo. Sin ir más lejos, en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), esta forma de apoyo representa entre el 17 % y el 19 % de los ingresos brutos de las explotaciones agrícolas, mientras que la cifra correspondiente a 12 economías emergentes y en desarrollo (entre las que se encuentran China, Colombia, Filipinas, la India y Viet Nam) es solo del 9 %.

Además, estos mecanismos de apoyo suelen estar en conflicto con la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, la financiación de insumos suele otorgarse sin restricciones, lo cual puede favorecer el uso abundante e ineficiente de sustancias como fertilizantes o pesticidas, acentuando los riesgos para la salud de los consumidores y para el medio ambiente. De igual manera, los pagos en función de la superficie de cultivo y las cabezas de ganado apenas contribuyen a incentivar la eficiencia o motivar a los productores para que mitiguen su impacto ambiental. Este último tipo de apoyo está ganando importancia: por ejemplo, entre 2016 y 2018, el 67 % del apoyo a los productores de la Unión Europea (UE) fue desembolsado de esta forma.

El abandono gradual de estos mecanismos de apoyo representa una oportunidad de oro para hacer más ecológica la producción agrícola y, al mismo tiempo, mejorar la resistencia al cambio climático. De hecho, esta transición ya está en marcha en algunos países. Por ejemplo, los pagos pueden vincularse a la participación en programas de voluntariado, como los dirigidos a crear franjas de protección o reducir el uso de fertilizantes. En la UE, el 12 % de los ingresos brutos de las explotaciones agrícolas ya proceden de pagos sujetos a condiciones de ese tipo. Los agricultores de Irlanda, por ejemplo, pueden optar por adherirse al programa agroambiental ecológico con bajas emisiones de carbono y elegir entre iniciativas tales como la protección de los cursos fluviales vulnerables, el apoyo a las aves camperas y la plantación de árboles autóctonos para mejorar el medio ambiente rural.

También tiene bastante sentido desde el punto de vista financiero reajustar el apoyo que se presta a los productores de modo que se amplíe la escala de las iniciativas ecológicas. Sin ir muy lejos, invertir en la mejora de los cultivos y la agricultura de secano por sí solos podría generar un rendimiento de USD 700 000 millones de aquí a 2030. Con todo, a pesar de estas ventajas, además de la UE, actualmente solo 10 países asignan a las iniciativas ecológicas un nivel de apoyo monetario que asciende como mucho al 1 % de los ingresos brutos de las explotaciones agrícolas.

Si bien una readaptación exhaustiva del apoyo que se presta a los productores no es una solución mágica para resolver las deficiencias del sistema mundial de alimentos, con medidas semejantes pueden impulsarse prácticas agrícolas más sostenibles y la producción de productos básicos que generen menos emisiones de carbono. Estas, a su vez, pueden resultar beneficiosas, por ejemplo, al contribuir a dietas más saludables, poner fin a la inseguridad alimentaria y mitigar los efectos del cambio climático.

Al comenzar nuestro duodécimo ciclo de reposición, en el FIDA hemos asumido el firme compromiso de invertir en prácticas ecológicas resilientes como estas. Con el objetivo general de fomentar la resiliencia al cambio climático de 24 millones de personas para 2025, al menos el 25 % de nuestra cartera de préstamos y donaciones se invertirá en actividades centradas en el clima. Sabemos que el futuro de la agricultura rural debe ser sostenible y nos comprometemos a ayudar a los productores, los encargados de formular políticas y los Gobiernos a planificar vías de apoyo concebidas pensando en el futuro y a beneficiarse gracias a ellas.

 

Conozca más acerca de la Duodécima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA12).

Fecha de publicación: 11 marzo 2020