El contexto

Guatemala ha hecho notables progresos en el logro de la estabilidad macroeconómica y democrática tras 36 años de guerra civil. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, el país ha mejorado su acceso a los mercados internacionales gracias a diversos acuerdos comerciales.

Sin embargo, Guatemala, la mayor economía de América Central, tiene una de las tasas de desigualdad más elevadas de América Latina. Las tasas de pobreza, malnutrición y mortalidad infantil y materna, especialmente en las zonas rurales e indígenas, figuran entre las peores de la región.

La pobreza está generalizada en el país, y el 49 % de la población vive en zonas rurales. Guatemala se caracteriza por una distribución marcadamente desigual de la riqueza, los activos y las oportunidades: entre los años 2000 y 2014, la pobreza rural aumentó del 74,5 % al 76,1 %, y la pobreza rural extrema pasó del 23,8 % al 35,3 %.

Los jóvenes y las comunidades indígenas son los más vulnerables. Entre las poblaciones indígenas, que representan casi el 40 %de la población total, la tasa de pobreza es de aproximadamente el 80 %. Además, la malnutrición crónica afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años, sobre todo a los que residen en zonas rurales (53 %) y a los miembros de comunidades indígenas (61,2 %).

La mejora de los niveles de seguridad ciudadana es un desafío cada vez más importante para Guatemala. Los elevados índices de delincuencia y violencia entrañan enormes costos para la economía. Entre los grandes retos a los que se enfrenta el país también figuran el deterioro de los recursos naturales, la vulnerabilidad al cambio climático, la distribución profundamente desigual de los ingresos y la inclusión participativa de las distintas etnias del país.  

La estrategia

En Guatemala, el FIDA y el Gobierno han unido sus fuerzas y están trabajando con los pueblos indígenas, los jóvenes y las mujeres para reducir la elevada incidencia de la pobreza en el país.

Entre las principales actividades, cabe señalar las siguientes:

• Promover un modelo de desarrollo impulsado por el mercado para las empresas y microempresas rurales del sector agrícola y no agrícola, lo que supone conectar a los pequeños empresarios rurales con operadores del sector privado a lo largo de las cadenas de valor.
• Desarrollar el capital social y humano de las comunidades. Eso implica fortalecer las competencias empresariales, en especial de las mujeres y los jóvenes rurales e indígenas, facilitar la consolidación jurídica de las asociaciones de pequeños agricultores y dar acceso a la población rural a las infraestructuras básicas.
• Fomentar el diálogo sobre políticas rurales favorables a los pobres y la planificación sectorial. El objetivo es lograr mejorar el diálogo nacional y la planificación y coordinación sectoriales a nivel del Estado, los departamentos y los municipios. En este sentido, será fundamental facilitar y promover la participación de las comunidades, en particular de aquellas que tradicionalmente han quedado relegadas, como es el caso de los pueblos indígenas.