Soluciones con perspectiva de género para el regreso a las zonas rurales tras la COVID-19

La migración interna (migración dentro del país) tiene importantes consecuencias demográficas, sociales, culturales y económicas para las comunidades y las personas. En circunstancias normales, los flujos migratorios en general van de las zonas rurales a las urbanas, donde las personas buscan oportunidades de empleo. Sin embargo, con la pandemia de la COVID-19, ha surgido un nuevo tipo de ola migratoria que va en la dirección opuesta: las personas están dejando las ciudades para regresar a las zonas rurales. Por ejemplo, a mediados de 2020 —apenas unos meses tras el comienzo de la pandemia— 167 000 personas en el Perú habían dejado la capital para regresar a las zonas rurales. En otros varios países de América Central las empleadas domésticas también están regresando a sus comunidades rurales de origen, un fenómeno que tuvo especial incidencia durante los primeros meses de 2020. Estos ejemplos dan cuenta de la realidad de muchos otros países de América Latina.

Muchos de estos migrantes se vieron obligados a volver a las zonas rurales tras perder sus empleos y con ello, su capacidad de enfrentar los mayores costos de la vida en el entorno urbano. Si bien más tarde algunos regresaron a las ciudades, otros han optado por quedarse en las zonas rurales con la expectativa de obtener ingresos.

Dado que la migración tiene efectos particularmente profundos sobre el sector agrícola, es importante que el FIDA y otras organizaciones encuentren soluciones a los desafíos que este nuevo fenómeno ha planteado, y continuará planteando, en lo referido al desarrollo agrícola rural. Se trata de una situación de suma importancia desde la perspectiva de la igualdad de género.

Poner a las mujeres del medio rural en el centro de la agricultura

Las iniciativas como esta deben centrarse en los desafíos que enfrentan las mujeres —en particular las de las zonas rurales— por varios motivos: En primer lugar, la pandemia y sus diversas consecuencias han afectado más gravemente  a las mujeres que a los hombres. En segundo lugar, las mujeres de las zonas rurales son fundamentales para la producción, el procesamiento y la comercialización de los alimentos y los productos agrícolas que se cultivan en sus comunidades. Pese a ello, se enfrentan a numerosas limitaciones a la hora de acceder a recursos y tecnologías de producción, así como a servicios financieros, como los préstamos.

Esta situación pone de relieve la necesidad imperiosa de poner en marcha programas de inclusión económica. Si no reorientamos nuestros programas en esta dirección, los múltiples y graves problemas sociales que afectan a estas mujeres y sus familias no se solucionarán. Por ejemplo, la falta de inclusión económica podría obligar a las mujeres del medio rural a depender de otros miembros del hogar. A su vez, esto agravaría la desigualdad de género, algo que a menudo tiene otras consecuencias, como la violencia de género.

La inclusión económica y la protección social como respuestas eficaces

Por tanto, el FIDA y otras organizaciones deben centrar sus esfuerzos en promover la inclusión económica de las mujeres, a la vez que velan por su protección social. Existen muchas medidas posibles que pueden adoptarse, entre otras fortalecer y velar por la observancia de los requisitos para acceder a los programas de asistencia agrícola (es decir, exigir a los beneficiarios que cumplan ciertas condiciones para recibir apoyo financiero); aumentar el apoyo a las inversiones dirigidas a promover la agricultura y los pequeños agronegocios, y mejorar los mecanismos del mercado laboral adoptando medidas tan simples como abrir oficinas de empleo en las zonas rurales. Medidas como estas ya han sido recomendadas por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También son compatibles con instrumentos tales como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Además, debemos analizar las posibles sinergias entre los programas de protección social y los de inclusión económica, y aplicarlas de forma tal que beneficien a las mujeres que regresan a las zonas rurales.

Por ejemplo, las investigaciones realizadas gracias a la donación Sinergias Rurales (financiadas por el FIDA y llevadas a cabo por la Universidad de los Andes) han demostrado la importancia de estas sinergias para el desarrollo rural. Cabe destacar que se definieron sinergias en varias etapas del proceso de ejecución: al momento de conceder créditos a las poblaciones rurales, durante las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad, y al brindar la oportunidad de desarrollar aptitudes interpersonales. Estas y otras conclusiones han orientado las decisiones en materia de políticas en siete países de África y la región de América Latina y el Caribe, y han sido utilizadas por instituciones financieras que buscan coordinar los programas con eficacia.

En el contexto latinoamericano, estos hallazgos tienen su correlato en los resultados preliminares que tuvo el Programa Proyectos Productivos, de Colombia, una iniciativa en la que simultáneamente se llevaron a cabo de actividades de inclusión económica y de protección social. Las sinergias entre estas iniciativas tuvieron resultados positivos en diversos ámbitos, entre ellos la seguridad alimentaria, el capital social, la percepción subjetiva de los hogares en cuanto a su propio bienestar y, por encima de todo, el empoderamiento de los hogares encabezados por mujeres. Los hogares participantes lograron importantes mejoras en la igualdad de género en la esfera familiar, en particular en lo referido a la percepción del trabajo doméstico. Además, el acceso de los hombres y las mujeres a los servicios financieros formales aumentó un 20 %, lo que permitió reducir el uso de préstamos informales un 30 %. 

Otras investigaciones realizadas en Colombia, México y el Perú también demuestran que la ejecución simultánea de programas de inclusión económica y de protección social tiene resultados positivos, especialmente para los grupos vulnerables, como las mujeres. Por ende, diseñar proyectos que complementen los programas existentes de esta naturaleza podría ayudarnos a llegar a más mujeres en circunstancias vulnerables, como las mujeres migrantes del medio rural.

De cara al futuro: adaptarse a la COVID-19 y otras circunstancias

Integrar los programas de protección social y de inclusión económica es un poderoso instrumento para reducir las disparidades de género y promover el empoderamiento y la inclusión económica de las mujeres. A medida que ampliamos la escala de estos programas, en particular en el contexto de la región de América Latina y el Caribe, debemos prestar especial atención a las mujeres que, tras regresar a las zonas rurales debido a la pandemia de la COVID-19, se encuentran en situaciones vulnerables. Por tanto, a la hora de diseñar nuestros propios proyectos, debemos tener en cuenta las sinergias entre estas iniciativas. También debemos asegurarnos de contemplar las nuevas necesidades que han surgido a raíz de la pandemia, como la nueva dinámica migratoria.

El FIDA está comprometido a apoyar a todas las mujeres del medio rural, en particular a aquellas que están atravesando esta transición. Es por eso que, mediante nuestra cartera de la FIDA12, continuaremos promoviendo la resiliencia comunitaria utilizando instrumentos tales como la inclusión financiera en las zonas rurales, la creación de conocimientos y la incorporación de la perspectiva de género. Como parte de nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás, continuaremos adaptándonos a las nuevas necesidades que han surgido a partir de la COVID-19 y otros sucesos inesperados.

Fecha de publicación: 01 septiembre 2021