El contexto

La República Cooperativa de Guyana es un país de ingresos medianos altos y el tercer país más pequeño de América del Sur, después de Suriname y el Uruguay. Tiene una población de unos 745 000 habitantes, de los cuales el 90 % vive en la llanura costera del país y 72 % se considera rural. Guyana tiene una de las tasas de emigración más altas del mundo, ya que se calcula que el 55 % de sus ciudadanos viven en el extranjero.  En el interior rural, el 73,5 % de la población estaba clasificada como pobre, mientras que en las regiones costeras la pobreza afectaba al 37 % de la población.

Guyana se convirtió en un país productor de petróleo en 2019, y se espera que se convierta en el país con la mayor cuota de barriles de petróleo per cápita. 

Al igual que en muchos otros países de la región, la proporción de la agricultura en el PIB ha disminuido desde mediados de la década de 1990, y representaba alrededor del 12 % del PIB en 2019, y daba empleo a alrededor del 16 % de la población. El sector agrícola está dominado por pequeños agricultores que cultivan parcelas de menos de cinco hectáreas.

La agricultura en el interior siempre ha estado vinculada a la agricultura en pequeña escala, la cría de animales, las actividades de recolección, la caza y la pesca, principalmente con fines de subsistencia. Los pueblos indígenas, llamados Amerindians, conforme a su cultura tradicional, practican un sistema rotatorio de corta y quema o una agricultura itinerante, y la mayoría de las familias cultivan yuca. En la zona de la sabana predomina la cría de ganado.

La crisis de la COVID-19 ha revalorizado la importancia de la agricultura y ha reavivado la ambición de Guyana de convertirse en el granero del Caribe y reducir su factura de importación de alimentos.

La estrategia

El FIDA empezó a operar en Guyana hace más de 30 años. Se centró en las regiones costeras, donde se esforzó en aumentar las oportunidades de los pequeños productores rurales y en fortalecer su capacidad para crear pequeñas empresas.

Tras la pandemia de COVID-19, la financiación del FIDA pretende catalizar un cambio sistémico en el sistema alimentario del país y promover un sistema alimentario más inclusivo y sostenible. Aprovechando las tendencias innovadoras que están surgiendo en Guyana (agroturismo, gastronomía, crecimiento del sector de los servicios, etc.), nos proponemos apoyar a los pequeños agricultores, las mujeres y los jóvenes en la producción y el consumo de alimentos nutritivos, locales, sostenibles y asequibles. Para garantizar que los cambios sean sostenibles a lo largo del tiempo, participamos en el diálogo político y defendemos que las necesidades de las poblaciones rurales pobres estén en el centro de las políticas clave que les afectan.

Además, el FIDA promueve el empoderamiento de las comunidades amerindias del interior. Invertimos en capital humano y social para que las comunidades diseñen y ejecuten sus propios planes de inversión de forma participativa, con el objetivo de reforzar su resiliencia y su capacidad para gestionar los riesgos económicos y climáticos.

Un principio clave del compromiso del FIDA en el país es la promoción de la transparencia en las estructuras de gobernanza en todas las operaciones.

Entre las principales actividades, cabe señalar las siguientes:

• apoyar a las comunidades en la identificación de oportunidades de inversión para gestionar el riesgo económico y climático de forma participativa;
• invertir en planes empresariales impulsados por la comunidad y en planes de inversión colectiva/pública que mejoren el acceso a servicios clave (agua, energía, TIC, etc.);  
• proporcionar capacitación y apoyo técnico para la ejecución de planes de inversión empresarial y comunitaria;
• fomentar los principales retos del desarrollo relacionados con el género, la nutrición y la sostenibilidad medioambiental; 
• reforzar los conocimientos y la capacidad de las instituciones gubernamentales para relacionarse con los pequeños productores, los pueblos indígenas y otros grupos marginados;
• brindar apoyo y contribuir a las políticas de gestión del agua y los recursos naturales, así como de reducción de la pobreza, y
• empoderar a las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales.