El contexto

El contexto político que prevalece en la República de Túnez tras la revolución ha estado dominado por la preparación de una nueva constitución y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales a finales de 2014, el nombramiento de un Gobierno en febrero de 2015 y la creación de nuevas instituciones. La situación sociopolítica es frágil y se ve agravada por los preparativos de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2019.

El crecimiento económico está liderado por el sector turístico, la producción agrícola y la solidez de las exportaciones (sobre todo de fosfatos). El país registró un crecimiento interanual del PBI del 2,5 %en junio de 2018, el más alto desde 2014. Las reformas previstas para reforzar la gobernanza y mejorar el acceso a la financiación deberían conducir a una mayor creación de empleo en el sector privado. No obstante, Túnez aún se enfrenta al deterioro de las finanzas públicas y a los problemas que plantea la puesta en marcha de las reformas estructurales necesarias para la recuperación. Los riesgos de inestabilidad macroeconómica han aumentado como consecuencia del aumento de la inflación, que alcanzó el 7,5% en agosto de 2018, su nivel más alto desde 1991. El contexto exterior también es menos favorable como consecuencia de los altos precios del petróleo y la mayor aversión al riesgo en los mercados financieros mundiales.

Las tasas de pobreza siguen siendo elevadas en Túnez: el 15,5 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza nacional en 2016, con una diferencia sustancial entre la pobreza urbana (10 %) y rural (26 %). Existen grandes disparidades entre las regiones ecológicamente frágiles donde se encuentran las principales bolsas de pobreza, en particular las zonas montañosas del centro-oeste (32,3 %) y el noroeste (25,7 %).

La tasa de subalimentación se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 15 años (5,6% entre 2004 y 2006 y 5% entre 2014 y 2016). Sin embargo, la seguridad alimentaria está amenazada por el cambio climático y la degradación de los recursos naturales, y las personas más vulnerables son las que viven en las zonas rurales, especialmente las mujeres y los jóvenes.

La agricultura sigue desempeñando un papel fundamental, ya que representa cerca del 10 % del PIB y el 16 % del empleo, y contribuye al desarrollo regional. Sin embargo, el sector agrícola está sometido a múltiples limitaciones estructurales, como la escasa organización de las cadenas de valor y el limitado acceso a la financiación. La agricultura se ve afectada por un grave estrés hídrico combinado con una escasa fertilidad del suelo. Según las proyecciones, para 2025 la sequía reducirá la superficie de cultivos de cereales de secano en aproximadamente un 30 %. El coste anual de la degradación medioambiental se estima en un 2,7 % del PBI. Aunque la Constitución protege los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de las mujeres, las que viven en zonas rurales siguen enfrentándose a una serie de restricciones que limitan su acceso a un empleo remunerado decente. Apenas el 20 % de ellas obtienen ingresos propios (frente al 65 % de los hombres rurales), y únicamente el 4 % de los promotores de proyectos agrícolas son mujeres, mientras que éstas representan el 58 % de la mano de obra agrícola.

Otro grupo desfavorecido es la juventud rural. El 33 % de los jóvenes que viven en las zonas rurales no tienen trabajo ni están escolarizados ni reciben formación profesional (frente al 20 % de los jóvenes en las zonas urbanas). En el interior del país, la tasa se eleva al 42 % en el caso de los hombres jóvenes y al 45 % en el de las mujeres jóvenes. En el caso de los jóvenes empresarios autónomos, que representan el 8 % de los jóvenes rurales activos (frente al 13 % de los jóvenes urbanos activos), la mayoría trabaja en el sector informal.

La estrategia

El objetivo general de este programa en el país para el FIDA y Túnez para el período 2019-2024 es el de mejorar las condiciones de vida, los ingresos y la resiliencia al cambio climático de la población rural pobre, sobre todo las mujeres y los jóvenes. El programa contribuirá a la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 2 (hambre cero), el ODS 5 (igualdad de género) y el ODS 13 (acción por el clima).

Los objetivos estratégicos (OE) dan continuidad a los aplicados en el pasado, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas y respondiendo a las prioridades del Gobierno:

• OE 1: Mejor acceso a las infraestructuras productivas y gestión sostenible de los recursos naturales: El objetivo es, más que la construcción, garantizar la sostenibilidad social y técnica de las infraestructuras básicas y las obras hidráulicas en el contexto del cambio climático. Los resultados esperados son la mejora de las prácticas agrícolas, el restablecimiento de la fertilidad del suelo, la mejora del acceso al agua y la gestión racional de los recursos hídricos, así como una mejora sostenible de la productividad agrícola.
• OE 2: Inclusión de la población rural pobre en cadenas de valor agrícolas más estructuradas: El programa del país apoyará acciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones profesionales, construir infraestructuras de almacenamiento y procesamiento, y rehabilitar caminos rurales, así como financiar actividades económicas y coordinar plataformas de cadenas de valor. Los resultados esperados serán la mejora de la organización en las cadenas de valor seleccionadas, los vínculos comerciales sostenibles entre los pequeños productores y otros actores de la cadena de valor, y el aumento de los ingresos agrícolas.
• OE 3: Empoderamiento económico y social de las mujeres y los jóvenes rurales vulnerables: Con el fin de abordar los problemas específicos de las mujeres y los jóvenes rurales, el FIDA financiará la asistencia de asesoramiento para establecer actividades generadoras de ingresos y facilitar el acceso a la microfinanciación, reforzando al mismo tiempo las capacidades operativas y de coordinación de los principales programas nacionales dirigidos a estos grupos. Los resultados previstos son el empoderamiento económico y social de las mujeres rurales en cadenas de valor diversificadas, la incorporación de los jóvenes rurales al empleo profesional y la mejora de las capacidades de los agentes nacionales y locales para ampliar los enfoques que ofrecen mayor potencial.