En los últimos años, los desplazamientos forzosos se han convertido en un problema mundial de una magnitud sin precedentes, como consecuencia de los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Si bien el número total de personas desplazadas alcanzó un máximo histórico de casi 60 millones en 2015, la atención mundial se ha centrado en la región del Cercano Oriente y el África Septentrional, donde los conflictos y la violencia continuos afectan con mayor intensidad al Iraq, Siria, el Yemen y los países vecinos. Se estima que la población total afectada en la región es de unos 22 millones de personas.

Según la Declaración de Estocolmo, “en la base de los conflictos y la fragilidad se encuentran la injusticia, las violaciones de los derechos humanos, las desigualdades, la exclusión, la pobreza, la gestión deficiente de los recursos naturales y la falta de acuerdos políticos inclusivos y unas instituciones capaces”. Por lo tanto, las personas en situación de crisis necesitan algo más que servicios de socorro y emergencia; las personas, las comunidades y los países en crisis también necesitan estrategias de desarrollo que resuelvan los problemas subyacentes a largo plazo.

Lo que a menudo no se reconoce es que los desplazamientos forzosos tienen una fuerte dimensión rural. Un gran número de personas desplazadas provienen de zonas rurales y actualmente viven en comunidades rurales de acogida, dentro o fuera de sus países de origen. Esta situación conduce a la degradación de las tierras agrícolas y al colapso de la producción de alimentos en las zonas abandonadas. También aumenta la presión sobre los recursos naturales, la seguridad alimentaria y los sistemas agrícolas de las comunidades de acogida.