Una de cada seis personas sufre una discapacidad importante, y casi el 80 % de ellas vive en países de ingreso bajo y mediano. A pesar de que las personas con discapacidad constituyen la minoría más grande del mundo, siguen enfrentándose a barreras sociales y estructurales que limitan su capacidad para ejercer sus derechos humanos y acceder a oportunidades que les permitan prosperar.
Una discapacidad surge cuando una deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial) interactúa con barreras externas que limitan la participación en la vida cotidiana. Estas barreras pueden ser físicas, como una infraestructura inaccesible, o sociales, como la discriminación y la falta de servicios de apoyo. Como consecuencia, las personas con discapacidad suelen tener dificultades para acceder a una educación inclusiva, al empleo, a la asistencia sanitaria y a la protección social, lo que les impide participar plenamente en la sociedad y la economía.
La grave discriminación que sufren las personas con discapacidad les niega sus derechos humanos y aumenta la pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la vulnerabilidad climática y la exposición a la violencia. Las múltiples formas de discriminación que se entrecruzan, por motivos de género, edad, origen étnico y otros factores, agravan aún más su marginación. Además, quienes viven en las zonas rurales se enfrentan a obstáculos aún mayores, ya que tienen menos probabilidades de asistir a la escuela, recibir atención sanitaria o acceder a oportunidades de empleo y capacitación.
A pesar de estos enormes desafíos, a menudo en las estrategias y programas de desarrollo rural se pasa por alto a las personas con discapacidad. Su exclusión de los procesos de toma de decisiones, tanto en los hogares como en las comunidades, las instituciones y el Gobierno, perpetúa las disparidades y frena el avance hacia una sociedad más inclusiva.