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COVID-19: ¿Una oportunidad para tomar una nueva vía?

15 abril 2020

En medio del sufrimiento y las dificultades económicas causadas por la emergencia de la COVID-19, destaca un aspecto positivo: se han paralizado las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación ambiental derivadas de la actividad humana. Por todo el mundo se han difundido numerosas imágenes reconfortantes que ponen de relieve esas ventajas, como la vuelta de las aguas cristalinas a los canales de Venecia, en el norte de Italia.

También se ha observado una notable mejoría en la calidad del aire. Una serie de mapas, a los que se ha dado una gran difusión, documentan la drástica disminución de la contaminación por dióxido de nitrógeno en gran parte de Europa. Esos beneficios también se han notado en China, donde se ha registrado una disminución de hasta un 30 % en los niveles de dióxido de nitrógeno y una reducción de aproximadamente un 25 % en las emisiones de gases de efecto invernadero. En todo el mundo, las emisiones podrían llegar a reducirse hasta un 5 %, esto es, la mayor disminución anual registrada desde la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, esos sucesos no deberían verse como avances en la lucha para mitigar el cambio climático. Podemos tomar como prueba lo ocurrido durante la crisis económica mundial de 2008-2009. Al inicio de la crisis financiera, se observó un impacto inmediato similar en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. A finales de 2008, el total de emisiones había descendido a 48,6 gigatoneladas de CO2 equivalente, justo por debajo de las 50 gigatoneladas registradas en 2007, y en 2009 esa cifra siguió disminuyendo hasta las 48,15 gigatoneladas. Sin embargo, para 2010 las emisiones de gases de efecto invernadero se habían disparado hasta las 51 gigatoneladas, incluido un aumento del 5,4 % solo en las emisiones procedentes de la combustión de combustibles fósiles y la producción de cemento, lo que coincidió con la puesta en marcha de los planes de estímulo y recuperación de la economía.

Si no nos alejamos de los modelos tradicionales en materia de políticas y no buscamos una vía económica que tenga en cuenta el costo de no adoptar medidas y los factores externos que repercuten notablemente en la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, el impacto ambiental positivo que estamos presenciando será igualmente efímero.

A ese respecto, la situación actual —y los diversos planes de estímulo que se pondrán en marcha— suponen una bifurcación en el camino. Los encargados de formular políticas podrían seguir el camino, ya trillado, de los beneficios rápidos y las ganancias económicas a corto plazo, o podrían adoptar medidas decisivas ahora y dar prioridad a la sostenibilidad sobre las ganancias económicas. Por ejemplo, los rescates financieros de empresas involucradas en sectores que generan muchas emisiones de carbono, como la aviación, podrían vincularse al compromiso de emprender reajustes estructurales de I+D en aras de la sostenibilidad y la economía neutra en carbono. Los planes de estímulo también podrían ir acompañados de un régimen tributario vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de crear un modelo empresarial donde el desarrollo y la utilización de tecnologías de energía renovable sea ventajoso tanto en términos económicos como ambientales. La adopción de medidas decisivas para seguir una vía de crecimiento sostenible, con bajas emisiones de carbono, podría redundar en un beneficio económico directo de USD 26 billones de aquí a 2030, en comparación con un enfoque basado en mantener el statu quo. Es indispensable que los Gobiernos tomen la iniciativa y opten por esta vía de desarrollo, habida cuenta de que la COVID-19 tiene la capacidad de echar por tierra gran parte del impulso logrado en lo que respecta al cambio climático, como obligar a aplazar la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La situación imperante también pone de relieve la necesidad de aumentar la resiliencia, sobre todo entre los pequeños agricultores. La recesión económica prevista asociada a la pandemia actual podría poner en peligro a muchos habitantes de los países de ingreso bajo. Por cada punto porcentual de desaceleración económica, la cantidad de personas que viven en la pobreza aumenta entre un 1,9 % y un 3 %. Por lo tanto, se prevé que la situación económica inminente arrastrará a entre 14 y 22 millones de personas a la pobreza y amenazará así con malograr gran parte de los progresos logrados en años anteriores.

Además, cada vez se está tendiendo más a aplicar políticas proteccionistas a raíz de las preocupaciones relativas a la COVID-19 y los principales países productores, como Kazajstán, Rusia y Viet Nam, están limitando la exportación de productos básicos. Las medidas similares adoptadas en 2007 y 2008 inflaron de forma considerable el precio de los cultivos básicos, lo que puso en una situación complicada a los países que dependían de la importación de productos alimentarios y tuvo repercusiones colaterales en la seguridad alimentaria.

Del mismo modo, a pesar de que la escasez de mano de obra derivada de las restricciones a la circulación es motivo de creciente preocupación en todo el mundo, sus efectos se sienten de manera especialmente acusada en los países de ingreso bajo. Por ejemplo, durante el brote del ébola la escasez de mano de obra y los cortes en las carreteras hicieron que fuera imposible acceder a semillas y a otros insumos fundamentales, y cerca del 40 % de las tierras agrícolas de África Occidental quedaron sin cultivar.

La COVID-19 no se está desarrollando en un entorno cerrado. Los pequeños productores de todo el mundo están expuestos al cambio climático y al hambre. Las agricultoras siguen enfrentándose a diario a una enorme desigualdad. Los jóvenes que residen en el medio rural necesitan, más que nunca, acceder a oportunidades de empleo viables. Por lo tanto, resulta fundamental evitar a toda costa una reducción de la asistencia para el desarrollo similar a la ocurrida en 2009.

Por eso, el FIDA seguirá trabajando mano a mano con los productores vulnerables y se esforzará por mejorar su resiliencia a estas y otras perturbaciones. El FIDA cuenta con una serie de salvaguardias y procedimientos para asegurar que sus intervenciones no sean perjudiciales y desarrollen al máximo la resiliencia. La herramienta de los Procedimientos del FIDA para la Evaluación Social, Ambiental y Climática (ESAC) se ha convertido rápidamente en el principal método empleado por el FIDA para fomentar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de la agricultura en pequeña escala en todos nuestros proyectos. El uso correcto de esos procedimientos podría ayudar al FIDA y a los países con los que trabaja a determinar, redirigir y reestructurar los recursos no comprometidos a fin de responder a la emergencia de la COVID-19 y mejorar los planes nacionales de contingencia.

Al comenzar nuestro duodécimo ciclo de reposición, en el FIDA hemos asumido el compromiso de invertir en prácticas ecológicas resilientes. Con el objetivo general de fomentar la resiliencia al cambio climático de 24 millones de personas para 2025, al menos el 25 % de nuestra cartera de préstamos y donaciones se invertirá en actividades centradas en el clima hasta diciembre de 2021. Sabemos que el futuro de la agricultura rural debe ser sostenible y resiliente, y nos comprometemos a ayudar a los productores, los encargados de formular políticas y los Gobiernos a planificar vías de apoyo concebidas pensando en el futuro y a beneficiarse gracias a ellas, a fin de garantizar que nuestros países asociados y los pequeños productores se recuperen completamente del impacto de la COVID-19.