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La protección de la salud y de los medios de vida: un delicado equilibrio en tiempos de COVID-19

27 mayo 2020

El desarrollo abarca una amplia gama de medidas, desde la prestación de ayuda en situaciones de emergencia a corto plazo hasta la creación de infraestructuras y el fomento de la resiliencia a mediano y largo plazo para que las personas, las comunidades y las naciones puedan prosperar incluso después de que los proyectos hayan concluido. En el mejor de los casos, el equilibrio entre estos tipos de intervenciones es delicado. ¿Pero qué sucede cuando se desencadena una crisis sin precedentes como la pandemia del coronavirus?

En todo el mundo, los países desarrollados y en desarrollo han comenzado a aceptar que, pese a ser necesarias para detener la propagación de la COVID-19, las medidas de confinamiento están ocasionando la pérdida de puestos de trabajo. Esta situación es motivo de gran preocupación para las personas más pobres del mundo, de las cuales las tres cuartas partes viven en las zonas rurales de los países en desarrollo y dependen de la agricultura para subsistir.

Los mercados competitivos como el camino para lograr una resiliencia sostenible

Si bien algunos pequeños productores operan como empresas, ampliando su productividad financiera e incrementando sus ingresos y activos, la mayoría son productores de subsistencia. Por lo general, son personas pobres y vulnerables, con una productividad reducida, que no tienen acceso a tecnologías mejoradas, financiación, insumos ni servicios, y tampoco a los mercados.

Los mercados que son transparentes, competitivos y eficaces crean un sistema de incentivos sólido y viable que alienta a estas iniciativas empresariales a adoptar prácticas productivas. La competencia también impulsa a los productores a mejorar su eficiencia y la calidad de sus productos al tiempo que reducen los costos de producción, lo que ayuda a garantizar que los consumidores puedan acceder a los bienes y servicios que desean a precios razonables y obteniendo una calidad competitiva. En última instancia, los entornos comerciales sólidos y competitivos dan lugar a un aumento de los márgenes de ganancias y al crecimiento de las agroempresas de los pequeños productores.

Este es el motivo por el cual la inversión pública en el sector agrícola es un factor catalizador, que ayuda a dotar a los pequeños productores de los medios que necesitan para aumentar la productividad y los ingresos y mejorar su resiliencia. Por su parte, los propios agricultores también deben invertir en su producción, pero la inversión exige el acceso a créditos, y los créditos entrañan un reembolso. Por ello, para que los pequeños productores puedan generar ingresos suficientes a fin de realizar las inversiones que les permitan lograr una mayor resiliencia, el acceso a los mercados resulta fundamental. Sin mercados no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no hay reembolsos y, en muchos casos, tampoco hay seguridad alimentaria.

En tiempos de crisis, los gobiernos y los asociados para el desarrollo suelen priorizar las medidas de emergencia, incluida la prestación de asistencia humanitaria, lo cual resulta comprensible, en especial cuando los gobiernos deben luchar contra una amenaza invisible y hasta entonces desconocida, como sucede en el caso de la COVID-19. Aun así, en última instancia, este tipo de medidas pueden limitar las posibilidades de lograr un desarrollo agrícola a escala. Irónicamente, pueden ocasionar, de manera involuntaria, que se reviertan los efectos de las inversiones que ya se han realizado para ayudar a los agricultores a ser más productivos y salir de la pobreza, e incluso pueden agravar la inseguridad alimentaria.

Por ejemplo, las intervenciones centradas en facilitar bienes privados (como alimentos e insumos) pueden alterar los mercados de formas imprevisibles. Esas intervenciones tienden a desplazar al sector privado en estos mercados, imposibilitando que otros agentes más eficientes incluidos en la cadena de valor puedan invertir y participar. Por otra parte, las transferencias en efectivo permiten que los consumidores sigan gastando dinero, y así inyecten una liquidez esencial en los mercados de productos básicos a los que los agricultores suministran sus productos. Este tipo de apoyo que se brinda a los agentes de las cadenas de valor locales aumenta la resiliencia en muchos niveles.

La coordinación entre los organismos de desarrollo es siempre importante. Pero ahora más que nunca, la comunidad de desarrollo necesita que la coordinación sea adecuada. Es fundamental garantizar que todas las intervenciones estén bien orientadas. La asistencia debe llegar a las personas que corren riesgo de morir de hambre, pero sin menoscabar los mercados de productos básicos de una manera que genere el colapso de los ingresos de los agricultores. Es preciso bloquear las vías de transmisión de la enfermedad, pero sin interrumpir los flujos de alimentos hacia los mercados, a fin de que los cultivos no lleguen a pudrirse sin ser vendidos mientras las poblaciones pasan hambre y mientras los pequeños productores se ven impulsados cada vez más hacia la pobreza.

El vínculo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo

En los contextos agrícolas, la resiliencia es la capacidad para superar acontecimientos que ocasionan una importante reducción de la producción, como fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, sequías, ciclones), la actual invasión de langostas o la pandemia de la COVID-19.

La forma más eficaz de mejorar la resiliencia de los pequeños productores es aumentando su productividad agrícola. Los gobiernos y la comunidad internacional suelen comprometerse con regularidad a tomar medidas y realizar inversiones para reforzar la resiliencia de los agricultores africanos, a menudo en respuesta a inquietudes relacionadas con el cambio climático, los conflictos y la seguridad alimentaria de los países. Sin embargo, en muchos casos, se ha generado una brecha entre cantidad y calidad; en otras palabras, los aumentos del gasto en el sector agrícola no siempre solucionan las verdaderas necesidades de los productores ni los desafíos que se plantean para lograr un desarrollo agrícola sostenible.

Cualquier intervención de desarrollo que busque generar efectos reales y sostenibles en los medios de vida de los pequeños productores debe partir del reconocimiento de que la agricultura puede ser una actividad empresarial lucrativa. Toda familia de agricultores, sin importar su tamaño ni sus privaciones, es ante todo una empresa que invierte en sus actividades estacionales, ya sea aportando la tierra, la mano de obra o, cuando es posible, dinero. Los gobiernos y sus asociados para el desarrollo deben reconocer que, al invertir y contribuir con las economías nacionales, los hogares rurales también asumen todo el riesgo de su inversión. Por ello, las políticas y las inversiones deberían centrarse en ayudar a estos hogares a mejorar su productividad y su resiliencia.

Para aumentar la resiliencia, los productores necesitan vínculos eficaces y rentables con los mercados; bienes públicos que funcionen adecuadamente; una mayor capacidad para hacer elecciones fundamentadas y más eficaces; un diálogo facilitado en las cadenas de valor; y un liderazgo sólido en las organizaciones o cooperativas de agricultores. En un marco propicio de ese tipo, los productores pueden emplear sus propios recursos y bienes para lograr una mayor productividad, generar más ganancias y crear prosperidad.

No se debe permitir que los agricultores vuelvan a caer en la producción de subsistencia como resultado de la crisis de la COVID-19. Es importante ayudar a los productores y a sus asociados comerciales locales a que, tras haber invertido en la agricultura como empresa, puedan permanecer comercialmente activos, incluso mientras tomamos medidas para ayudar a la población en general a afrontar la pandemia.

Garantizar un acceso continuo a mercados transparentes y competitivos es fundamental para mantener la productividad de los agricultores, así como el impulso que se ha logrado en los últimos años en la lucha contra la pobreza rural y la inseguridad alimentaria. Las organizaciones que trabajan en el vínculo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo pueden mantener el mecanismo de oferta y demanda del mercado, incluso mientras se ofrece ayuda de emergencia donde es más necesario. Por ejemplo, se podrían ofrecer transferencias en efectivo a modo de respuesta de emergencia a través de los servicios de banca móvil y otros canales similares. Y, en la mayor medida posible, los alimentos necesarios para los suministros de emergencia deberían obtenerse de los pequeños productores que tengan capacidad de abastecimiento.

Los gobiernos están dando a entender cada vez más que hay una crisis alimentaria inminente. Ya hay indicios que señalan que, en varios países de África, el aumento de la inseguridad alimentaria podría llegar a ser una crisis de mayor magnitud que la de la propia pandemia. Proteger los medios de vida de los productores hoy permitirá salvaguardar la disponibilidad de opciones de alimentos saludables y asequibles, no solo en este momento, sino también una vez que pase la pandemia. Si trabajamos juntos para coordinar medidas y hacer las inversiones adecuadas, podemos favorecer la resiliencia en las zonas rurales de África una vez que pase la COVID-19.

 

Obtenga más información sobre la respuesta del FIDA a la COVID-19.