El contexto

Djibouti es un país pequeño y seco situado estratégicamente en el Cuerno de África, en la zona sur de entrada al Mar Rojo y cuenta con una población de 887 900 habitantes en 2015. Según el Banco Mundial, su actividad económica principal consiste en prestar servicios portuarios, sobre todo a su vecina Etiopía, que no tiene salida al mar. Esta actividad hizo que el crecimiento económico alcanzara un 6,5 % en 2016.

Con menos de 1 000 km2 de tierras cultivables de entre sus 23 200 km2 de superficie y un promedio de precipitaciones anuales de 13 cm, Djibouti sufre un déficit crónico de alimentos y depende de las importaciones para satisfacer sus necesidades alimentarias. Eso lo hace sumamente sensible a crisis externas, como una subida repentina de los precios de los alimentos o de los combustibles.

La tasa nacional de pobreza es del 79 %, pero fuera de la capital, Djibouti, esa cifra asciende al 94,2 %, y la tasa de pobreza extrema en el medio rural es del 72,5 %.  En 2006, la tasa nacional de malnutrición aguda estaba estimada en un 20,4 %, y entre un 20 % y un 40 % de la población rural padecía inseguridad alimentaria o era muy vulnerable a padecerla.

Aproximadamente el 30 % de la población vive en el medio rural, pero aun así la agricultura está subdesarrollada y solo representa un 4 % del producto interno bruto (PIB). Las tierras cultivables escasean, por lo que la agricultura se basa en el pastoreo. La mejora del acceso a los recursos hídricos es la prioridad principal para las comunidades rurales y para aumentar la producción ganadera. Los recursos hídricos subterráneos están ampliamente explotados, por lo que el Gobierno se está centrando en captar un mayor volumen de aguas superficiales.

La estrategia

En Djibouti, los préstamos del FIDA respaldan las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población rural pobre.

Las actividades se dirigen a las comunidades rurales duramente afectadas por circunstancias económicas y climáticas adversas.

El FIDA tiene en cuenta las prioridades de las comunidades y las necesidades de grupos específicos, como los jóvenes y las mujeres.

Entre las principales actividades, cabe señalar las siguientes:

• promover un desarrollo rural impulsado por la comunidad mediante la participación de los beneficiarios en los procesos de toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades a nivel de base;
• diversificar los sistemas de subsistencia, y
• movilizar recursos financieros mediante la promoción de instituciones financieras comunitarias.