El contexto

El Salvador es un país de ingresos medianos. La economía ha pasado de un modelo agrario a un modelo basado en los servicios, el consumo y las exportaciones agrícolas e industriales no tradicionales, pero pese a esta transición, el 33,3 % de la población seguía viviendo en el medio rural en 2015.

Aunque la tasa de pobreza rural  se redujo un 18 % entre 2000 y 2013, gran parte de la población rural sigue viviendo en condiciones de pobreza. Los grupos tradicionalmente excluidos, como los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres y los ancianos, son particularmente vulnerables a ella.

En El Salvador, la pobreza está asociada tanto a factores históricos internos ( la guerra civil, el modelo económico y los desastres naturales), como a una serie de conmociones externas ocurridas más recientemente, entre ellas la caída de los precios del café, la recesión mundial y la subida de los precios del petróleo, que han afectado al crecimiento económico y ralentizado los progresos en los indicadores sociales.

Los jóvenes de las zonas rurales se enfrentan a numerosos desafíos. Están atrapados entre la falta de acceso a la educación, que dificulta su acceso al mercado de trabajo formal, y la falta de activos necesarios para emprender un negocio sostenible. Además, figuran entre las principales víctimas de la delincuencia, por lo que muchos optan por emigrar. Los jóvenes se muestran reacios a trabajar en la agricultura por su escasa rentabilidad, así como por considerarla una actividad ingrata.

El Salvador también es muy vulnerable a fenómenos climáticos extremos. Las sequías recurrentes provocan grandes pérdidas de cosechas, y se prevé que las temperaturas reducirán el rendimiento de los cultivos hasta un 30 % en los próximos decenios.

La estrategia

En El Salvador, los préstamos del FIDA se utilizan para apoyar a los agricultores familiares y los pueblos indígenas en los municipios donde la pobreza está más extendida. Las actividades contribuyen a atender las necesidades derivadas de 12 años de conflicto armado interno y de la reconstrucción del país tras el terremoto de 2001. La participación local y las organizaciones de productores desempeñan un papel decisivo en la aplicación de los proyectos y programas financiados por el FIDA.

La estrategia del FIDA en El Salvador (2015-2019) tiene como objetivo reducir la pobreza rural generando riqueza y bienestar para los agricultores familiares.

Entre las principales actividades, cabe señalar las siguientes:

• mejorar el acceso de los agricultores familiares a los recursos, las tecnologías y la información para desarrollar una agricultura más sostenible y mejor adaptada al cambio climático;
• promover el empoderamiento económico de los jóvenes, las mujeres rurales y los pueblos indígenas mediante el apoyo al desarrollo de empresas agrícolas y no agrícolas y el fomento de oportunidades de empleo en las zonas rurales, y
• contribuir a los esfuerzos del Gobierno para que la inversión y el gasto público en las zonas rurales respondan a criterios más eficaces, eficientes y equitativos mediante la introducción de metodologías e instrumentos comprobados para el análisis y seguimiento de las políticas, la promoción del diálogo sobre políticas y la cooperación técnica y la participación de la sociedad civil.