Ayudar a las comunidades de acogida y a las personas desplazadas haciendo que los sistemas agrícolas sean más productivos y sostenibles

En los últimos años, los desplazamientos forzosos se han convertido en un problema mundial de una magnitud sin precedentes, como consecuencia de los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Si bien el número total de personas desplazadas alcanzó un máximo histórico de casi 60 millones en 2015, la atención mundial se ha centrado en la región del Cercano Oriente y el África Septentrional, donde los conflictos y la violencia continuos afectan con mayor intensidad al Iraq, Siria, el Yemen y los países vecinos. Se estima que la población total afectada en la región es de unos 22 millones de personas.

Según la Declaración de Estocolmo, “en la base de los conflictos y la fragilidad se encuentran la injusticia, las violaciones de los derechos humanos, las desigualdades, la exclusión, la pobreza, la gestión deficiente de los recursos naturales y la falta de acuerdos políticos inclusivos y unas instituciones capaces”. Por lo tanto, las personas en situación de crisis necesitan algo más que servicios de socorro y emergencia; las personas, las comunidades y los países en crisis también necesitan estrategias de desarrollo que resuelvan los problemas subyacentes a largo plazo.

Lo que a menudo no se reconoce es que los desplazamientos forzosos tienen una fuerte dimensión rural. Un gran número de personas desplazadas provienen de zonas rurales y actualmente viven en comunidades rurales de acogida, dentro o fuera de sus países de origen. Esta situación conduce a la degradación de las tierras agrícolas y al colapso de la producción de alimentos en las zonas abandonadas. También aumenta la presión sobre los recursos naturales, la seguridad alimentaria y los sistemas agrícolas de las comunidades de acogida.

Invertir en la agricultura y la población rural es fundamental para hacer frente de manera sostenible a los desplazamientos forzosos, la pobreza y la seguridad alimentaria, ayudando así a aumentar la autosuficiencia de las personas desplazadas y fortaleciendo la resiliencia de las comunidades de acogida. Esas inversiones también permiten ofrecer soluciones duraderas a las situaciones de desplazamiento prolongado y ayudan a los a las personas que regresan a las zonas rurales a restablecer sus medios de vida y su producción agrícola.

Como parte de su respuesta a la crisis actual, el FIDA ha establecido el Fondo para Refugiados, Migrantes y Desplazados Forzosos en pro de la Estabilidad Rural (FARMS).

El objetivo del FARMS es asegurar que la población rural pobre salga de la pobreza mediante la creación de medios de vida rentables, sostenibles y resilientes.

Al considerar la crisis de manera integral, los objetivos del FARMS abarcan tanto las zonas de acogida como las de origen. FARMS ayuda a las comunidades de acogida a afrontar la afluencia de personas desplazadas haciendo que sus sistemas agrícolas (es decir, sus medios de vida) sean más productivos y sostenibles.

El FARMS apoya a las familias desplazadas ayudándolas a desarrollar habilidades comerciales, lo que les permite aumentar sus ingresos y su autosuficiencia. De este modo, estarán mejor preparadas para regresar a sus hogares y retomar sus medios de vida cuando mejore la situación.

Asimismo, las oportunidades económicas se crearán en los países de origen, de modo que aquellos que se hayan marchado tengan la oportunidad para volver a generar ingresos y aquellos que se hayan quedado tengan la oportunidad de reconstruir sus medios de vida y su producción agrícola.

El FARMS tiene como objetivo:

• crear al menos un millón de días de trabajo temporal y un mínimo de 20 000 puestos de trabajo;
• establecer más de 500 proyectos de infraestructura comunitaria, entre ellos la construcción de carreteras, la instalación de sistemas de riego y la creación de mercados;
• mejorar la gestión de los recursos naturales;
• impartir una serie de cursos de capacitación relacionados con la agricultura, y
• aumentar el acceso a los servicios financieros.