El contexto

El Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria con un elevado ingreso per cápita, bajos niveles de desigualdad y pobreza y la ausencia casi universal de pobreza extrema. Dos características fundamentales —un sólido acuerdo social y la apertura económica— allanaron el camino para que durante el pasado decenio el país redujese la pobreza y promoviese el reparto de la prosperidad.

Tradicionalmente, el Uruguay ha sido un país exportador de productos agrícolas. Su sector agroindustrial y ganadero, que se basa principalmente en la abundancia de sus recursos naturales y agrícolas, está bien desarrollado. Las exportaciones agrícolas incluyen carne de vacuno, lana fina, granos, productos lácteos y miel.

No obstante, y pese a la reducción de la pobreza a nivel nacional, algunos habitantes del medio rural continúan siendo pobres y viviendo en situación de aislamiento y vulnerabilidad. Un 47 % de los habitantes de las zonas rurales tiene una o más necesidades básicas insatisfechas. Por lo general, las personas pobres de las zonas rurales son mujeres y hombres jóvenes que carecen de los recursos económicos y la capacitación que necesitan para establecer emprendimientos rentables.

Para los pequeños agricultores también supone un creciente desafío acceder a los mercados nacionales e internacionales, que son cada vez más competitivos. La gran mayoría de los habitantes pobres de las zonas rurales trabajan en empleos no relacionados con la agricultura.

Reducir la pobreza es una prioridad para el Gobierno, que ha impulsado diversas políticas sociales y económicas para combatirla y potenciar la inclusión social. Con todo, dado que la mayoría de aquellas políticas se han centrado en las zonas urbanas, las personas pobres de las zonas rurales han recibido escasos beneficios. Es necesario que los pequeños agricultores familiares, en particular los trabajadores rurales y otros grupos vulnerables que integran la población rural, reciban acceso a los servicios públicos.

La estrategia

Desde 1993, el FIDA ha desempeñado un papel importante en la reducción de la pobreza en el Uruguay.

El Proyecto Uruguay Rural, financiado por el Fondo, fue fundamental en el establecimiento de instituciones y políticas de desarrollo rural. Algunas de ellas fueron la Dirección General de Desarrollo Rural, el organismo encargado de aplicar las políticas de desarrollo rural del país, y las Mesas de Desarrollo Rural, un instrumento clave para promover la participación de la sociedad civil rural en las cuestiones de desarrollo.

El actual Proyecto Piloto de Inclusión Rural se centra en las innovaciones en las esferas de la inclusión financiera, el fortalecimiento de las organizaciones rurales y el acceso de los pequeños agricultores a los mercados, con vistas a su posterior reproducción a escala nacional.

La labor de promoción del FIDA en el Uruguay, respaldada por el Programa Regional FIDA-Mercosur 1, ha sido fundamental para establecer un diálogo nacional sobre políticas en materia de agricultura familiar que incluya al Gobierno y a la sociedad civil. El diálogo en curso permite que el país promueva la agricultura familiar y, en el marco del Proyecto Piloto de Inclusión Rural, ponga a prueba herramientas y metodologías que permitan brindar servicios públicos adecuados que mejoren los medios de vida de los pequeños agricultores familiares, los trabajadores rurales y la población rural pobre.